La copropietaria de una vivienda desea poner fin a la situación de comunidad de dominio que mantiene con el demandado. Hay dos copropietarios, cada uno con el 50% del pleno dominio de la vivienda. Sobre el bien pesa una carga hipotecaria.

Se declare su derecho a proceder en la división del inmueble común, condenando a la parte demandada a estar y pasar por dicha declaración, procediéndose a continuación a la efectiva división de la cosa común mediante:

• la adjudicación a cualquiera de los copropietarios de la plena propiedad de la vivienda por el precio de 225.000 euros, asumiendo y subrogándose el adjudicatario con carácter individual y único en la responsabilidad y obligaciones de pago de los préstamos hipotecarios que gravan el inmueble y liberando al copropietario no adjudicatario de las mismas.
• subsidiariamente, si ninguno de los dos copropietarios se adjudicasen el bien, o, en defecto de acuerdo entre las partes sobre la adjudicación a uno de los copropietarios del inmueble, interesa al derecho de esta parte que se ordene vender el inmueble bien directamente a una tercera persona, o subsidiariamente a través de una agencia inmobiliaria por el plazo máximo de 6 meses, por el precio de 225.000 euros, cancelando el comprador los dos préstamos hipotecarios o asumiendo y subrogándose el comprador con carácter individual y único en la responsabilidad y obligaciones de pago de los préstamos hipotecarios que gravan el inmueble y liberando ante la entidad bancaria a la parte vendedora.
• si no se hubiera producido la venta a una tercera persona, que se ordene la venta en pública subasta, con intervención o admisión de terceras personas.

Todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada. 

La estrategia del abogado se centra en citar los preceptos del Código Civil decisivos para la posterior decisión de SSª. En concreto, hace alusión a los artículos 400, 404, 406 y 1062, para poder fundar las pretensiones de su mandante en una sólida base legal.